El Gobierno nacional firmó este martes 13 de octubre el decreto 1525 de 2026, que establece las reglas para la actuación de la Fuerza Pública durante las protestas sociales en Colombia. La norma entrará en aplicación este miércoles 14 de octubre, en medio de la expectativa por la primera movilización nacional convocada durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella.
El documento, denominado Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica Ciudadana, fija las condiciones para intervenir durante las manifestaciones y señala que el diálogo y la mediación deben tener prioridad. Sin embargo, aclara que estos mecanismos no impiden la actuación policial cuando se presenten hechos que pongan en riesgo la vida, la integridad de las personas o el funcionamiento de servicios esenciales.
Entre las situaciones que pueden dar lugar a una intervención están los actos vandálicos, el porte de armas de fuego o cortopunzantes, el uso de artefactos incendiarios, la retención de personas contra su voluntad y las agresiones a misiones médicas y medios de comunicación. También contempla acciones contra quienes afecten los servicios públicos o el abastecimiento de medicamentos. La obstrucción de vías, por sí sola, no convierte una manifestación en violenta ni le quita su carácter pacífico.
El decreto establece cinco niveles de actuación institucional. El proceso comienza con la intervención de los gestores de convivencia de las alcaldías, continúa con el diálogo directo y la mediación y, si persisten los hechos violentos, contempla medidas de disuasión por orden del alcalde en el Puesto de Mando Unificado (PMU). Como último recurso, podrá intervenir la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antes conocida como Esmad.
La norma también prevé la participación de representantes de los gremios y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en los PMU.
Por último, las autoridades territoriales y la Policía Nacional deberán garantizar la habilitación y el mantenimiento de los corredores solidarios.
Las alcaldías y gobernaciones tendrán un plazo de 72 horas para publicar un balance oficial de las afectaciones y activar las rutas de atención humanitaria correspondientes. La aplicación de estas disposiciones marcará la actuación de las autoridades frente a las movilizaciones convocadas en el país.
