Apenas trascurrían los 06 primeros días del mes de noviembre de 1985, cuando a eso de las 10:30 am, en la ciudad de Bogotá, en pleno corazón del Poder de la República, el grupo “subversivo” movimiento 19 de abril “M -19”, se tomó de forma violenta y sanguinaria, el edificio que entonces, al igual que hoy, ha sido el templo sagrado del poder judicial, a quien por antonomasia, se le ha encomendado históricamente, la custodia del estado de derecho, a fin de que prevalezca la democracia como regla expedita para protección de la vida, la libertad y la propiedad, como únicos derechos connaturales del hombre y del ciudadano, capaces de garantizar que la nación alcance un orden justo.

Sin embargo, aquel fatídico día, la mal llamada toma del Palacio de Justicia, después convertida en holocausto por causa del el grupo “subversivo” M -19, mediante la utilización bárbara e ilegítima de las armas por parte de estos, constituyo en aquel momento, el mayor desdibujo y ataque que había sufrido el país, por cuanto atento y pisoteo todo aquello, que hasta entonces, nuestra historia republicana, había logrado alcanzar y posesionar en materia jurisdiccional, lo cual había sido forjado, a base del sacrificio y templanza de hombres y mujeres, quienes como empleados y funcionarios pertenecientes a la judicatura, valientemente arriesgaron su integridad, perdiendo en muchos casos su vida y la de su familia, en pro de la excelencia en la labor judicial.

Este ultraje a la judicatura, mediante el ataque al palacio de justicia, perpetuado entre el 06 y 07 de noviembre de 1985, por el grupo “subversivo” M -19, nunca tuvo como fin, hacer un juicio político al Sr. Belisario Betancur Cuartas (Q.P.D.), quien a la fecha fungía como Presidente de la Republica, tal y como lo quería hacer creer en su momento la “subversión” a la opinión pública y como lo pretenden hacer ver hoy quienes son amigos y romantizan el terrorismo.

La verdad pura y dura, es que tan vil e infame ataque a la rama jurisdiccional y la institucionalidad de la nación, fue ordenado por el psicópata y narco terrorista de la época Pablo Emilio Escobar Gaviria (Q.P.D.), quien con el poder obtenido por el dinero de la droga, puso a los mandos de la “insurrección”, en una posición genuflexa, para que actuaran a gran escala, como cualquiera de los sicarios que a sueldo contrataba para acabar con sus enemigos, en aras de desaparecer los expedientes que contenían las causas judiciales que lo incomodaban y que reposaban en el palacio de justicia.

Acontecimientos como el evocado, deberían tener la virtud, de llamarnos a la reflexión como nación, sobre el país que durante los años 80 y principios de los 90, además de la toma al palacio de justicia, sufrió otros cientos de agravios a la judicatura, que le costaron la vida a hombres y mujeres que defendieron la acción jurisdiccional y su importancia en la vida democrática y republicana y así mismo honrar el Respeto que por la Rama Judicial del Poder Público dispuso la Constitución de 1991, la cual ata y es de obligatorio cumplimiento para los gobernados pero principalmente para los gobernantes.

Sin embargo, para infortunio de la democracia, la institucionalidad, la república y el estado de derecho, vemos como hoy, quienes pertenecen a las demás ramas del poder, en especial al ejecutivo en todos sus niveles y formas, pretendiendo constituirse en una especie de reyezuelos, tipo Luis XIV, a quien se le acuña la frase “el estado soy yo”, atacan, desatienden y vituperan a los jueces del país y sus decisiones, cuando estas no están conforme a sus cálculos o intereses políticos, bajo el pretexto, de que fueron elegidos por voto popular, pero olvidando que la confianza que les brindo el pueblo mediante el sufragio, NO es licencia para que se comporten como pequeños napoleones e ignoren el pacto político de 1991 elevado a mandato constitucional, que impone el respeto a las decisiones de la Rama Judicial.(Art.228 C.N.)

De seguir así las cosas, se puede afirmar sin lugar a equivoco, que las agresiones e irrespeto sistemático, disfrazado de libertad de opinión, que sufre la Rama Judicial, por parte las otras ramas del poder y en especial por los miembros del ejecutivo en todos sus niveles, así como la falta de entendimiento de estos últimos, de que ser elegido popularmente, no habilita para desatender las ordenes de los jueces, es una clara muestra, de que en el presente, ya no es a través del uso de las armas, si no mediante el sicariato moral y la falaz e infundada repetición del supuesto golpe de estado blando, a través de ciertos medios de comunicación, redes sociales y demás formas de difusión, que hoy, Cuarenta años después del Holocausto del Palacio de Justicia, el Poder Judicial sigue BAJO ATAQUE.

JORGE ALBERTO URIELES LEAL

ABOGADO DE “URJIABOGADOS SAS”