El caso de corrupción relacionado con la compra de carrotanques para proveer agua a La Guajira ha generado un gran revuelo en Colombia. La implicación de altos funcionarios del gobierno, incluida la consejera para las regiones, Sandra Ortiz, y el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, ha llevado al presidente Gustavo Petro a solicitar sus renuncias mientras se aclara su situación.
Las acusaciones contra Ortiz, provenientes de la confesión de Sneyder Pinilla, ex subdirector de la UNGRD, son graves. Pinilla afirma haberle entregado 3.000 millones de pesos a la consejera para que ésta se los diera al presidente del Senado, Iván Name.
El objetivo, señala Pinilla, es que el político del Partido verde ayudara a sacar adelante en el Congreso las reformas impulsadas por el Gobierno de Petro. De acuerdo con la denuncia, el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, recibió otros 1.000 millones para el mismo fin, directamente de manos de Pinilla.
Por otro lado, el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, ha sido acusado de tráfico de influencias por buscar beneficios para ciertos alcaldes, según Olmedo López, exdirector de la UNGRD. Estas acusaciones son especialmente preocupantes dado el rol de Idárraga en la lucha contra la corrupción.
El presidente Petro, anunció la creación de una mesa de transparencia para abordar este escándalo, pero la participación de Idárraga ha sido cuestionada dada su propia implicación en el caso.
Mientras tanto, Sandra Ortiz ha rechazado las acusaciones en su contra y ha anunciado su intención de tomar acciones para proteger su reputación.
