El aumento del IVA a los productos de la canasta familiar se convirtió en el principal punto de choque entre el Gobierno Nacional y el Congreso de la República. Durante una reunión de concertación realizada en Barranquilla, las comisiones económicas dejaron claro que no están dispuestas a respaldar una medida que podría aumentar la carga económica de los hogares colombianos.
La negativa legislativa obliga al Ejecutivo a replantear su estrategia para conseguir los recursos que necesita. Los congresistas consideran que la Ley de Rescate Económico, radicada el 29 de octubre como Proyecto 477 de 2026, podría avanzar con un recaudo de entre 15 y 20 billones de pesos, una cifra inferior a la propuesta inicialmente por el Gobierno.
El incremento del IVA representa aproximadamente 23,7 billones de pesos, equivalentes al 29 % del proyecto. Ante este escenario, surgieron alternativas como la venta de hasta el 8,49 % de la participación estatal en Ecopetrol y la eliminación del impuesto del 4 por mil y del impuesto al patrimonio, propuestas que también han generado diferencias entre las bancadas.
Mientras el debate político continúa, el panorama fiscal del país despierta preocupación. Juan Carlos Ramírez, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), advirtió que el déficit fiscal podría alcanzar el 9,5 % del PIB en 2027, incluso si se aprueba la reforma completa. La iniciativa también incluye el mecanismo EfectIVA, que contempla devoluciones de hasta 288.000 pesos mensuales para más de 35 millones de personas vulnerables.
Desde el Ministerio de Hacienda, el viceministro Juan Sebastián Betancur Mora advirtió que, sin esta ley, Colombia tendría que buscar 26.000 millones de dólares de financiación externa para 2027. Así, la discusión deja una pregunta de fondo: ¿cómo conseguir los recursos que necesita el país sin encarecer la vida de millones de familias? Por ahora, el Congreso pone condiciones y el Gobierno tendrá que buscar consensos.
