Ocho concejales del municipio de Ciénaga, Magdalena, emitieron un comunicado en el que expresan preocupación por varios hechos ocurridos recientemente al interior de la corporación, presidida por Rodrigo Auque Diazgranados. Los cabildantes señalaron que su pronunciamiento busca informar a la ciudadanía de manera responsable y con base en hechos que, según afirman, pueden ser verificados mediante documentos y registros oficiales.

En el comunicado, los cabildantes Giselle Lafarie Fernandez, Orlando de la Rosa Pertuz, Carlos Padilla Peña, Maria Mellado Fuentes, Diego Serrano Ardila, Ernesto Duran, Felipe Campo Rendon y Audenago Velasquez Navarro, aclararon que su posición no responde a diferencias personales con el presidente del Concejo ni pretende desconocer las decisiones adoptadas por las mayorías.

Afirmaron que su principal preocupación está relacionada con el cumplimiento de las competencias legales y reglamentarias, así como con la garantía de los derechos de todos los integrantes de la corporación, independientemente de su pertenencia a la mayoría o a la minoría.

Entre los asuntos que solicitan esclarecer se encuentran la conformación de las comisiones accidentales encargadas de estudiar seis proyectos de acuerdo presentados durante las sesiones extraordinarias, la participación de los integrantes de la Mesa Directiva en esas decisiones y la situación derivada de la renuncia del secretario general. También mencionaron las actuaciones realizadas durante los primeros debates y la posterior solicitud de retiro y devolución de los proyectos.

Los concejales indicaron que algunas de estas situaciones fueron advertidas previamente mediante comunicaciones, solicitudes y constancias, cuya preservación han pedido. Además, señalaron que los dos vicepresidentes del Concejo manifestaron no haber sido convocados a una reunión de la Mesa Directiva en la que se habrían conformado las comisiones accidentales. Por ello, solicitaron conservar y confrontar los registros audiovisuales de las sesiones con los documentos oficiales correspondientes.

Finalmente, los firmantes aseguraron que acudirán a los mecanismos constitucionales, administrativos y disciplinarios establecidos para que las autoridades competentes determinen si las actuaciones se ajustaron a la Constitución, la ley y el reglamento interno. Asimismo, enfatizaron que no buscan paralizar el Concejo, impedir que las mayorías decidan ni imponer, mediante acciones judiciales, posiciones que deben resolverse dentro de los canales democráticos.