Para un abogado, el buen léxico no es un mero adorno retórico ni una concesión a la pedantería forense; es, ante todo, la prueba reina de la civilidad democrática y el reconocimiento debido a la majestad del Estado social de derecho. Quien cuestiona las decisiones de los jueces utilizando la infamia, el insulto o el linchamiento mediático no solo traiciona los principios democráticos, sino que subvierte sus cimientos.
En Colombia, la independencia judicial se ha convertido en una retórica de discursos vacíos, en los que el poder político colma de elogios a la judicatura en el papel, pero la estrangula en la práctica mediante la asfixia presupuestal y el asedio discursivo.
La Constitución Política de 1991 consagró, en su artículo 228, que la administración de justicia es una función pública y que sus decisiones son independientes. A su turno, los artículos 229 y 230 garantizan el acceso a la administración de justicia y establecen la sujeción del juez al imperio de la ley. No obstante, esta arquitectura normativa naufraga cuando el Congreso y el Ejecutivo condenan a la Rama Judicial a la indigencia fiscal. Como lo ha advertido reiteradamente la Corte Constitucional, la asignación de un presupuesto digno no es una gracia económica gubernamental, sino una condición estructural indispensable para materializar la independencia judicial y garantizar el derecho fundamental de acceso a la justicia.
Esta precariedad financiera golpea con crueldad al ciudadano de a pie. La imposición de una «virtualidad» improvisada, carente de conectividad robusta, herramientas tecnológicas adecuadas y plantas de personal suficientes, ha convertido los despachos judiciales en verdaderas trincheras de colapso. Los usuarios y abogados litigantes soportan congestiones endémicas que degradan la tutela judicial efectiva y vulneran el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), así como el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por otra parte, desde hace algunos años ha hecho carrera en Colombia la práctica de que funcionarios públicos de cualquier nivel recurran a la descalificación soez y al escarnio público para minar la credibilidad de las jurisdicciones. El artículo 8 de la Convención Americana consagra las garantías judiciales, las cuales se desvanecen cuando se destruye la legitimidad del juez. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que los ataques sistemáticos contra la judicatura desde el poder político vulneran el principio de separación de poderes.
En un Estado constitucional, la única vía legítima para controvertir una providencia judicial es el uso riguroso y técnico de los mecanismos de impugnación previstos en la ley. Ningún servidor público ni ciudadano tiene derecho a proferir expresiones peyorativas que alienten el linchamiento social de los administradores de justicia.
Respetar la justicia, tanto en su presupuesto como en sus decisiones, no es una opción política discrecional; es el pilar irreductible que sostiene el pacto democrático. Un país donde se insulta al juez y se le niega la dignidad presupuestal es un país que transita, inevitablemente, hacia la ley del más fuerte.
Abogado Jorge Alberto Urieles Leal – JAULJURIDICO.

