La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, tendrá que rendir cuentas ante la justicia. El Juzgado 126 Penal Municipal de Bogotá ordenó a su fundación, Colombia Luz y Sonrisas, explicar en un plazo de 48 horas cómo ha manejado las donaciones que recibió para ayudar a las víctimas del terremoto del 10 de agosto.
La decisión responde a una tutela presentada por el senador del Pacto Histórico Alejandro Ocampo, segundo vicepresidente del Senado, quien había pedido esa información sin obtener respuesta. El plazo empieza a contar desde que la fundación sea notificada.
Según la propia fundación, se trata de $54.589 millones en donaciones, más de 17 millones de dólares, aportados por personas y empresas.
Lo que ordena el juez
La fundación deberá entregar un informe de gestión en el que explique, de forma clara y precisa:
• Cuánto dinero recibió en total.
• En qué lo ha invertido y cuál es su destinación.
• Qué controles existen para garantizar que las ayudas lleguen a quienes las necesitan.
• Qué entregas ha hecho a los beneficiarios.
Lo que ya se sabe de las cuentas
En octubre, después de varias semanas de preguntas y derechos de petición, la fundación publicó un informe de gestión de 25 páginas. En él reconoció haber recibido $54.589 millones y reportó la entrega de 5.652,2 toneladas de ayuda humanitaria a más de 48.000 personas en 80 municipios de ocho departamentos.
Sin embargo, ese informe dejó dudas. Según la revista Cambio, la cifra de toneladas es menor que la que la propia primera dama había reportado en su balance del primer mes, de 5.755,1 toneladas. El mismo medio informó que la familia de Pineda habría aportado el 81 % de las donaciones, destinadas a reconstruir seis colegios y centros de salud en Cali.
Lo que dice la primera dama
Pineda ha asegurado que el dinero permanece en las cuentas de la fundación. Explicó que, por decisión propia y de la junta directiva, no se usará hasta que avance la segunda fase del proyecto, dedicada a reconstruir las viviendas afectadas por el terremoto.
Lo que dice el senador Ocampo
Ocampo celebró el fallo en sus redes sociales y cuestionó la falta de soportes sobre a quién llegaron las ayudas. «La plata de las donaciones no puede manejarse como plata de bolsillo», afirmó. El senador sostiene que los recursos recaudados a partir de un llamado oficial deben estar sujetos a revisión pública.
¿Qué sigue?
Si la fundación no responde dentro del plazo, o si su respuesta no cumple lo que ordenó el juez, Ocampo anunció que presentará un incidente de desacato, un mecanismo que permite exigir el cumplimiento de un fallo y que puede acarrear sanciones.
El fallo no establece ninguna irregularidad en el manejo de los recursos. Lo que ordena es que la fundación entregue la información completa para que pueda verificarse cómo se han usado las donaciones.
