En la primera Audiencia Pública en la Comisión Primera del Senado, participaron abogados, exministros de justicia, académicos y delegados del Gobierno Nacional para abordar todas las aristas de la Reforma a la Justicia.

Entre los temas que se abordaron estuvo presente la posibilidad de que se haga una rebaja máxima del 25% a diferentes criminales, entre los que estarían incluidos aquellos que cometen agresiones contra los niños y niñas.

En el concepto emitido por el procurador delegado, Christhian Wolfhugge, el Ministerio Público se opuso a este tipo de rebajas.

Para la Procuraduría, la posibilidad de rebajar penas no garantiza una agilización de los procesos judiciales ni evitará la interposición de recursos.

“Los problemas de dilación de los procesos penales se solucionan con medidas vigentes y no con la rebaja de penas a agresores de niños y niñas, siendo las investigaciones robustas y adecuadas de los delitos, la clave para garantizar justicia a las víctimas”, indicó la Procuraduría.

En el concepto del ente de control, la justicia debe garantizar sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos, sin socavar los derechos de las víctimas.

“Rebajar las penas como incentivo podría interpretarse como una forma de reducir la gravedad percibida de crímenes tan severos como el abuso sexual, lo que afectaría la confianza en el sistema de justicia y en la protección de las víctimas. Además, no se sabe si la rebaja de penas realmente mitigará la impunidad”, indicó el procurador en el Congreso.