En medio de la creciente preocupación por la grave crisis financiera, operativa y administrativa del Hospital San Cristóbal de Ciénaga, Magdalena, la Personería Municipal y delegados de la Procuraduría General de la Nación participaron en una reunión, con el fin de intervenir frente a la problemática que afecta al principal centro de salud del municipio.
Aunque aún no se conocen detalles sobre los temas tratados ni las decisiones adoptadas en dicho encuentro, la presencia de estas autoridades representa el primer avance institucional tras la alerta urgente emitida por el Sindicato Nacional de la Salud y la Seguridad Social (SINDESS), seccional Magdalena, el pasado 11 de junio.
En ese comunicado, SINDESS advirtió sobre una serie de irregularidades que —según el gremio— ponen en riesgo la continuidad del servicio de salud y vulneran los derechos laborales del personal. Entre los señalamientos más graves se encuentra la presunta omisión reiterada de la administración del hospital en la radicación oportuna de facturas ante las Entidades Promotoras de Salud (EPS), muchas de las cuales están intervenidas o en proceso de liquidación, lo que dificulta el recaudo de recursos.
De acuerdo con cifras del Sistema de Información Hospitalaria (SIHO), al 31 de marzo de 2025, los pasivos corrientes del hospital ascendían a 51.000 millones de pesos. Además, durante la vigencia 2024 se registró un déficit superior a los 7.400 millones de pesos, debido a que los ingresos operativos no fueron suficientes para cubrir los gastos del año.
La situación ha generado retrasos en el pago de salarios, cotizaciones a seguridad social y obligaciones con proveedores, lo que ha afectado tanto la capacidad operativa del hospital como la atención a los usuarios.
Ante este panorama, el sindicato solicitó la intervención inmediata de entidades como la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo y la Personería Municipal. También exigieron medidas correctivas y sanciones frente a los presuntos responsables del deterioro institucional.
Mientras se espera un pronunciamiento oficial sobre los resultados de la reunión, la comunidad cienaguera se mantiene a la expectativa de que se tomen acciones concretas para garantizar la continuidad del servicio y la protección de los derechos laborales.
