El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio identificó presuntas irregularidades en tres proyectos de acueducto, alcantarillado y drenaje en Colombia, ubicados en Riohacha, La Guajira; Buenaventura, Valle del Cauca, y Ciénaga, Magdalena.
Los hallazgos fueron revelados este domingo 18 de octubre por el ministro Jaime Andrés Beltrán, tras una auditoría forense sobre la gestión recibida de la administración anterior.
La revisión puso bajo observación obras destinadas a mejorar los servicios públicos en estas tres ciudades, cuyos avances y manejo de recursos serán objeto de análisis.
El ministro explicó que la divulgación de los resultados responde a la necesidad de esclarecer el uso de los recursos públicos, especialmente aquellos destinados a atender las necesidades de las comunidades más vulnerables.
En el caso de Ciénaga, el proyecto de optimización del sistema de acueducto fue planteado en 2021 con una inversión inicial estimada en 30.000 millones de pesos y la meta de beneficiar a cerca de 70.000 personas. Sin embargo, las obras permanecen paralizadas desde comienzos de 2026, después de registrar dos prórrogas y dos suspensiones. Además, las estimaciones preliminares indican que se necesitarían alrededor de 4.700 millones de pesos adicionales para terminar los trabajos.
Sobre esta iniciativa, Beltrán señaló que encontró problemas de planeación y coordinación, así como la falta de una solución técnica y financiera definitiva. Aunque el caso de Ciénaga evidencia las dificultades que enfrenta uno de los proyectos revisados, el Ministerio también puso bajo observación las obras de Riohacha y Buenaventura, cuyos hallazgos deberán ser esclarecidos para establecer las circunstancias particulares de cada intervención.
El ministro anunció que remitirá los antecedentes de los tres proyectos a los organismos de investigación y control para que determinen qué ocurrió y si existen responsabilidades por las presuntas irregularidades. Las investigaciones serán clave para aclarar el manejo de los recursos y conocer las medidas que podrían adoptarse frente a las obras, mientras las comunidades esperan que las inversiones se traduzcan en soluciones efectivas para el acceso al agua y el saneamiento básico.
