El Tribunal Administrativo del Magdalena avocó conocimiento de la acción popular interpuesta por el personero municipal de Ciénaga, Jairo Pacheco Durán, con la que se busca proteger los derechos colectivos relacionados con el acceso eficiente al servicio público de agua potable, la salubridad pública, el ambiente sano y la vida digna de los habitantes del barrio El Poblado.

De acuerdo con el documento judicial, la Personería Municipal recibió durante varios meses múltiples quejas de residentes del sector, quienes denunciaron la ausencia total del servicio de agua potable. La situación habría obligado a numerosas familias a abastecerse mediante pozos artesanales, carrotanques y recolección de agua lluvia, mecanismos que no garantizan condiciones sanitarias adecuadas.

La demanda señala que, tras visitas de inspección realizadas por la Personería, se constató que el barrio El Poblado, conformado como asentamiento urbano desde hace más de 20 años, no cuenta con conexión formal a la red de acueducto.

Antes de acudir a la acción popular, la Personería presentó requerimientos ante la Alcaldía de Ciénaga y la empresa Operadores de Servicios de la Sierra S.A.S. E.S.P., solicitando medidas urgentes para garantizar el suministro del líquido y la vinculación de los habitantes como usuarios del servicio.

En el auto emitido por la magistrada María Victoria Quiñones Triana, el Tribunal determinó además vincular al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y a la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe S.A. – EDUBAR S.A., al considerar que ambas entidades tienen competencias relacionadas con proyectos de agua potable y saneamiento básico que podrían impactar directamente la solución del problema en el sector.

Según el expediente, Operadores de Servicios de la Sierra informó que el barrio El Poblado hace parte de un proyecto de optimización hidráulica liderado por el Ministerio de Vivienda y ejecutado mediante contrato con EDUBAR S.A., el cual contempla la instalación de redes de acueducto para beneficiar a la comunidad.

Con esta decisión, el Tribunal busca garantizar que todas las entidades involucradas participen en el proceso judicial y respondan frente a las posibles vulneraciones denunciadas por los habitantes del sector.