El 17 de septiembre de 2004, en una calle del tradicional barrio El Prado de Barranquilla, fue asesinado el profesor Alfredo Correa de Andreis. En el atentado también murió su escolta, el expolicía cienaguero Edelberto Ochoa Martínez. Veintidós años después, el crimen sigue siendo una herida abierta y, sobre todo, una pregunta incómoda: ¿qué ha cambiado en Colombia para quienes defienden los derechos humanos y se atreven a pensar distinto?

Correa de Andreis, nacido en Ciénaga, era sociólogo, académico y defensor de los derechos humanos. Sus investigaciones se concentraban en el desarrollo urbano, la desigualdad y el drama del desplazamiento forzado. No se limitaba a describir las injusticias: buscaba que sus estudios incidieran en las políticas públicas y contribuyeran a mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables.

Ese compromiso lo convirtió en un objetivo. Grupos paramilitares lo lapidaron al señalarlo como auxiliador de la guerrilla, con la ayuda de testigos que luego fueron identificados como falsos. La justicia estableció que su asesinato fue resultado de una alianza criminal en la que participaron el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), funcionarios corruptos de la Fiscalía y el Bloque Norte de las Autodefensas. Por estos hechos han sido condenados, entre otros, el paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y el entonces director del DAS, Jorge Noguera. Sin embargo, aún quedan procesos y responsabilidades por esclarecer.

En el lugar del atentado, una placa recuerda las últimas palabras del profesor, dirigidas a su asesino: “¡Ey, loco, no dispares!”. La frase conserva una crudeza que ninguna ceremonia oficial puede borrar. Tampoco pueden hacerlo los homenajes, las placas ni los proyectos de ley de honores anunciados en su memoria. Esos gestos son importantes, pero resultan insuficientes si no están acompañados de verdad, justicia y garantías reales de no repetición.

Recordar a Alfredo Correa de Andreis no debería ser un acto limitado a la nostalgia. Su caso obliga a revisar la responsabilidad del Estado en la estigmatización y persecución de quienes cuestionan el orden establecido. Antes de ser asesinado, fue desacreditado, señalado y presentado como enemigo. Esa fórmula —convertir al defensor en sospechoso para justificar su persecución— no pertenece únicamente al pasado.

Veintidós años después, Colombia sigue viviendo la persecución de quienes piensan diferente. Líderes sociales, periodistas, académicos, defensores de derechos humanos y representantes de comunidades continúan siendo amenazados, desplazados o asesinados. En muchos territorios, el Estado no logra protegerlos; en otros, llega tarde o se limita a reaccionar cuando el riesgo ya se ha convertido en tragedia.

La situación actual demuestra que el Estado todavía no garantiza plenamente la vida ni la labor de los defensores de derechos humanos. No basta con condenar los crímenes después que ocurren. La obligación estatal es prevenirlos, investigar a quienes los ordenan y desmantelar las estructuras que los hacen posibles. También debe impedir que sus propias instituciones sean utilizadas para fabricar acusaciones, perseguir opositores o silenciar voces críticas.

La memoria de Correa de Andreis exige algo más que una conmemoración anual. Exige preguntarnos por qué el país sigue tratando la defensa de los derechos humanos como una amenaza y no como una contribución esencial a la democracia. Exige reconocer que una sociedad no puede llamarse democrática mientras castigue a quienes denuncian la desigualdad, defienden a los desplazados o reclaman dignidad para los más vulnerables.

El profesor Alfredo Correa de Andreis no murió únicamente por sus investigaciones. Murió porque esas investigaciones incomodaban a quienes se beneficiaban de la exclusión y porque su palabra tenía la fuerza de poner en evidencia responsabilidades. Su asesinato fue un ataque contra una persona, pero también contra la universidad, la ciudadanía crítica y la posibilidad de construir políticas públicas basadas en la justicia.

Veintidós años después, honrarlo significa impedir que su historia se repita. Y eso solo será posible cuando el Estado deje de limitarse a recordar a sus víctimas y empiece, de manera efectiva, a proteger a quienes todavía luchan por los derechos de todos…en las condiciones actuales estamos lejos de ello.