La libertad de prensa y de información en Colombia, atraviesa una de sus horas más oscuras, ya que esta siendo amenazada, tanto por el fusil de la delincuencia armada, como en algunas ocasiones por la hostilidad institucional.
Los recientes y gravísimos actos de intimidación contra grandes casas editoriales como Canal Caracol y RCN, sumados al asedio sistemático que sufren diariamente los periodistas y medios independientes en las regiones y la capital, no son agresiones aisladas; son atentados directos contra el corazón de nuestro Estado Social de Derecho. Cuando se amenaza a un reportero, lo que realmente se busca es cegar y amordazar a toda una sociedad.
Como ciudadano y abogado, observo con profunda alarma cómo la intolerancia frente al disenso se normaliza. La libertad de expresión e información, consagrada en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de 1991, no es un privilegio de los comunicadores; es la piedra angular sobre la cual se edifica la democracia y la participación ciudadana.
Así lo ha ratificado la Corte Constitucional colombiana en hitos jurisprudenciales como la Sentencia T-040 de 2013, al señalar que la libertad de prensa goza de una presunción de primacía constitucional debido a su rol indispensable para el control del poder político.
No puede haber un ápice de tibieza ni complicidad frente a la censura.
La sociedad civil y las instituciones del Estado deben mantener una tolerancia cero ante las acciones y de igual manera, ante las omisiones de cualquier actor, público o privado, legal o ilegal, que busque silenciar la crítica. El mayor triunfo de los violentos y de los autoritarios no es la censura directa, sino la autocensura: ese repliegue invisible donde el miedo vence a la verdad y el periodista prefiere callar para salvar su vida o su sustento.
El bloque de constitucionalidad nos impone obligaciones internacionales ineludibles. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe de forma tajante la censura previa y los medios indirectos que restrinjan la difusión de ideas. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en casos emblemáticos como Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia (2012), ha enfatizado el deber positivo del Estado de prevenir, proteger e investigar las agresiones contra la prensa.
Frente a la pluralidad de opiniones y la incomodidad que suscita el debate público, es imperativo rescatar el espíritu de la Ilustración británica, sintetizado magistralmente por la escritora Evelyn Beatrice Hall (bajo el seudónimo de Stephen G. Tallentyre) al resumir el pensamiento de Voltaire: «Aunque no comparto lo que dices, defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo».
Esta máxima no es un capricho retórico; es el contrato fundamental de una sociedad libre. Vivir en democracia nos exige proteger el derecho a existir de la voz incómoda, de la disidencia y del periodismo de investigación.
Sin embargo, esta garantía constitucional no es un cheque en blanco. La judicatura y la dogmática jurídica son claras: todo derecho fundamental conlleva una correlativa responsabilidad social.
En un ecosistema democrático, los medios de comunicación y los periodistas tienen el deber ético y constitucional de brindar información veraz, verificable, equilibrada y debidamente contrastada con todas las partes involucradas. La ligereza informativa, las noticias falsas y el linchamiento mediático desdibujan la función social de la prensa.
Al exigir rigor y objetividad, no se debilita a la prensa; al contrario, se la blinda. La búsqueda de la verdad mediante el contraste riguroso protege, en su justa medida, los derechos fundamentales de los ciudadanos receptores e involucrados en la noticia. Solo una prensa con autoridad moral y técnica puede resistir con éxito los embates de la tiranía y la delincuencia.
La defensa de la libertad de prensa en Colombia no admite dilaciones ni banderas partidistas. Proteger al periodista local que denuncia la corrupción en un municipio apartado, o salvaguardar las instalaciones de las grandes cadenas nacionales, es defender nuestro propio derecho a decidir, a votar de manera informada y a vivir en libertad.
JORGE ALBERTO URIELES LEAL JAULJURIDICO.
