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El Tribunal Administrativo del Magdalena tomó una importante decisión al rechazar la solicitud de pérdida de investidura contra la diputada Rosa Idalia Jiménez Rodríguez, del partido Alianza Verde. La institución determinó que no se demostró que la diputada hubiera incurrido en conflicto de intereses durante la controversial elección de la mesa directiva de la Asamblea Departamental.
La demanda fue presentada por Rafael de Jesús Rebolledo Gil y otros ciudadanos, quienes acusaron a Jiménez de ignorar órdenes judiciales y de permitir que el diputado Alberto Mario Gutiérrez Uribe, quien había sido suspendido por su partido, participara con voz y voto en las sesiones del 26 de noviembre de 2024 y del 6 de marzo de 2025. Según los denunciantes, esta acción buscaba favorecer la elección de Ángela Cedeño, Marta García y Candy Sánchez como presidenta y vicepresidentas de la corporación.
La Sala Plena, en una ponencia de la magistrada Elsa Mireya Reyes Castellanos, concluyó que, aunque se acreditaron irregularidades en las sesiones, estas no constituyen un conflicto de intereses. No se logró mostrar un beneficio particular, actual y directo para la diputada o su familia, lo cual es un requisito esencial para aplicar la sanción más severa de pérdida de investidura.
El fallo destacó que la elección de la mesa directiva es una responsabilidad funcional de los diputados y no representa un interés privado. Por tanto, las presuntas faltas deben ser discutidas en otros contextos, como en la jurisdicción electoral o en instancias disciplinarias, y no en un proceso de pérdida de investidura.
El Tribunal Administrativo del Magdalena sentenció: “Primero: NEGAR las pretensiones de la demanda de pérdida de investidura de la diputada Rosa Idalia Jiménez Rodríguez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.
Asimismo, el Ministerio Público respaldó esta postura en audiencia pública, dejando claro que el proceso no era el adecuado para dirimir las irregularidades denunciadas. Con esta decisión, el Tribunal ordenó archivar el proceso, una vez que la sentencia quede en firme.
