Tribunal revisará legalidad del proceso para elección del Contralor del Magdalena 2026–2029

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El Tribunal Administrativo del Magdalena admitió una demanda interpuesta contra la Asamblea Departamental por presuntas irregularidades en el proceso de convocatoria y selección de la entidad encargada de acompañar la elección del próximo contralor del departamento, correspondiente al periodo 2026–2029.

La acción judicial fue presentada por el ciudadano Jorge Iván Sánchez López, quien solicita la nulidad de las resoluciones 027 del 20 de junio, 030 del 9 de julio y 034 del 22 de julio de 2025, mediante las cuales la Asamblea Departamental invitó a universidades a participar en el proceso, escogió a la Universidad de Medellín y abrió la convocatoria pública para el cargo de Contralor del Magdalena.

Según el demandante, en la expedición de dichos actos se habrían vulnerado disposiciones legales que garantizan la transparencia y el mérito en la selección, lo que —a su juicio— podría derivar en la elección de un “contralor ilegítimo”. Por ello, también pidió al Tribunal la suspensión provisional de las resoluciones, argumentando que su ejecución podría causar un perjuicio irremediable.

La magistrada Maribel Mendoza Jiménez, ponente del proceso, ordenó dar traslado de la solicitud de medida cautelar a la Asamblea Departamental del Magdalena y al Ministerio Público, para que emitan sus pronunciamientos en un plazo de cinco días sobre la posible suspensión temporal de los actos demandados.

Asimismo, el Tribunal dispuso notificar formalmente a la Asamblea, al Agente del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, concediendo un término de 30 días para contestar la demanda, presentar excepciones o solicitar pruebas. También requirió a la Asamblea entregar el expediente administrativo completo en formato digital, bajo advertencia de sanción disciplinaria en caso de incumplimiento.

Con estas decisiones, el Tribunal Administrativo del Magdalena abre la etapa de estudio judicial de un caso que podría tener implicaciones directas en la validez del procedimiento de elección del próximo Contralor Departamental, un tema que actualmente concentra la atención política y jurídica en la región.

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