El reciente nombramiento del general Javier Sánchez como ministro de Defensa ha generado una ola de reacciones entre analistas y expertos en seguridad en Colombia.

La decisión del presidente Gustavo Petro de romper con la tradición civilista de asignar este cargo a un civil ha sido objeto de críticas, debido a los posibles impactos en la estructura militar y en la situación de seguridad del país.

El periodista y analista Gustavo Gómez, en su cuenta de X, destacó dos puntos clave sobre esta decisión. En primer lugar, subrayó que, al designar a un militar activo como ministro, el presidente Petro rompe con una tradición política que buscaba mantener el control civil sobre las fuerzas armadas.

En segundo lugar, Gómez advirtió que, por razones de ética militar, muchos oficiales más antiguos o de mayor rango que el general Sánchez podrían retirarse, lo que implicaría la pérdida de valiosos oficiales con experiencia en un contexto de creciente inseguridad.

El analista político Héctor Riveros también expresó su preocupación, recordando que uno de los reclamos históricos de la izquierda en Colombia, de la cual Petro ha sido parte, era precisamente que el Ministerio de Defensa estuviera bajo la dirección de un civil. «Este cambio es un retroceso de tres décadas en términos de control democrático sobre las fuerzas armadas», afirmó Riveros.

Hasta el momento, el presidente Petro no ha respondido públicamente a las críticas.

El nombramiento sigue siendo un tema de debate y podría tener implicaciones importantes para la estabilidad y el futuro del país en términos de seguridad.