El Tribunal Superior de Bogotá ha tomado una decisión clave en el juicio que enfrenta al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, permitiendo que las interceptaciones telefónicas que lo involucran sean utilizadas como prueba en el caso.
Estas grabaciones están relacionadas con las acusaciones de soborno a testigos y fraude procesal, que se encuentran bajo análisis en el Juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá.
La decisión judicial representa un giro importante en el proceso, ya que las pruebas habían sido objeto de controversia. La Fiscalía General de la Nación presentó las interceptaciones en noviembre del año pasado, pero la defensa de Uribe había solicitado su exclusión, argumentando que las grabaciones fueron obtenidas por error, ya que la orden de interceptación iba dirigida al excongresista Nilton Córdoba, no a Uribe. Sin embargo, el Tribunal rechazó esta solicitud y ratificó la legalidad de las pruebas.
El 4 de febrero, durante una audiencia virtual, se abordaron no solo las interceptaciones, sino también otros elementos probatorios en el juicio. Esta audiencia, que marcó un punto de inflexión en el caso, fue seguida de cerca por los medios de comunicación, como lo informó la periodista Jenny Rocío Angarita Galindo de la W Radio. La legalidad de las pruebas y su impacto en el juicio fueron los temas centrales de la discusión.
El magistrado Manuel Antonio Merchán, encargado de la ponencia, explicó que no era posible revisar las decisiones anteriores de la Corte Suprema de Justicia, que ya había avalado el uso de las interceptaciones. El magistrado subrayó que, a pesar de las objeciones de la defensa, las pruebas no serían excluidas, lo que permitirá que las partes presenten sus argumentos en el juicio.
El proceso judicial contra Uribe gira en torno a las acusaciones de manipulación de testigos. Según la Fiscalía, a través de su abogado Diego Cadena, el expresidente habría intentado influir en los testimonios de exparamilitares encarcelados para que declararan a su favor y en contra del senador Iván Cepeda.
La defensa de Uribe mantiene su postura de inocencia, mientras que la Fiscalía asegura que las pruebas demuestran la manipulación de testigos.
Este caso ha generado una profunda división en la opinión pública y la política en Colombia. Mientras los seguidores de Uribe afirman que se trata de una persecución judicial, sus detractores consideran que es un paso importante para garantizar la justicia.