Tras las denuncias por falta de acceso al agua, contaminación, sedimentos y diferentes afectaciones en los ríos Frío y Sevilla, ubicados en la Zona Bananera de Magdalena, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, firmó un acuerdo histórico con comunidades campesinas y afrodescendientes, pueblos indígenas, gremios y autoridades que fortalecerá el ordenamiento alrededor del agua y la restauración ecológica en la región.

El acuerdo, que también fue firmado por el Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas, busca alcanzar cuatro metas clave en un trabajo conjunto con las comunidades: gobernanza del agua, proteger y restaurar los ecosistemas estratégicos para garantizar la vida, reducir la demanda de agua y su contaminación con una transformación productiva y la formalización de la tierra.

“Se trata de dar una respuesta sistemática y de fondo. Aquí no venimos a hacer compromisos de pequeñas acciones, sino que venimos a una reflexión política de fondo porque cuando decimos que somos el Gobierno del Cambio es para mirar la raíz de los problemas y trabajar, colectivamente, en soluciones”, aseguró la ministra Muhamad.

Además, resaltó que hay capacidades en el territorio, hay capacidades humanas que nos contaron los sectores productivos. Lo que queremos es que articulemos esas capacidades para este propósito común y también generar una gobernanza con el Consejo Territorial del Agua, con el que podemos generar un proceso alrededor de las dos cuencas.

Este consejo será un mecanismo de articulación, participación, consulta y gestión territorial para fortalecer la gobernanza y el ordenamiento del territorio alrededor del agua. De igual manera, gestionará recursos complementarios a los que se tramitarán en el Fondo para la Vida para la gestión de proyectos en el territorio.

Asimismo, la cartera ambiental fomentará un acuerdo de las áreas estratégicas de restauración ecológica con las comunidades, que tendrán inyección de recursos; potenciará el monitoreo científico y comunitario de la acción del agua; adelantará, de la mano del Sistema Nacional Ambiental, una revisión detallada de las concesiones de agua y una investigación de captaciones ilegales, entre otras acciones.