En el departamento del Magdalena, 2.694 hogares víctimas del desplazamiento forzado serán beneficiarios del programa “Familias en su Tierra”, una estrategia del Gobierno nacional liderada por Prosperidad Social, que busca brindar acompañamiento integral a comunidades afectadas por el conflicto armado.

El anuncio fue hecho por Jeraldin Vera Ortiz, directora de Soberanía Alimentaria de Prosperidad Social, quien confirmó el inicio del proceso de atención para un total de 28.936 hogares retornados o reubicados en 18 departamentos del país. “Firmamos un convenio por más de 196.000 millones de pesos con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), e invertiremos en total 334.000 millones de pesos para fortalecer social y económicamente a miles de familias víctimas del desplazamiento”, señaló.

Liliana Escudero, gerente regional de Prosperidad Social en el Magdalena, destacó que en este departamento la inversión supera los 31.000 millones de pesos.

El programa, que ya va en su décima versión, se implementará en 73 municipios de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Tolima, Vichada y Sucre.

“Familias en su Tierra” ofrece incentivos tanto en especie como en efectivo. Los primeros consisten en activos para los hogares participantes, mientras que los segundos serán entregados previa aprobación de planes de negocio, a través de transferencias directas al titular del hogar.

La implementación operativa está a cargo de FUPAD, bajo la supervisión de Prosperidad Social, y la selección de beneficiarios se realiza con base en criterios establecidos en la Ley 1176 de 2007, priorizando a los hogares más vulnerables y registrados en el Registro Único de Víctimas (RUV).

Para acceder al programa, los hogares deben cumplir requisitos como ser población desplazada retornada o reubicada, estar incluidos en el RUV, vivir en zonas rurales focalizadas y no estar participando en otros programas similares.

Con esta intervención, el Gobierno busca no solo mejorar las condiciones de vida de miles de familias, sino también contribuir a la reconstrucción del tejido social y productivo en regiones históricamente golpeadas por la violencia.