La Corte Constitucional ha declarado sin efectos ciertas disposiciones del Decreto Ley 1961 de 2023, que permitían al Instituto Nacional de Vías Regionales (INVIR) contratar directamente con comunidades y organizaciones sociales sin límite de cuantía. Esta decisión surge tras la acumulación de tres demandas, incluyendo una presentada por la Fundación para el Estado de Derecho.

El Decreto Ley, expedido por el Gobierno Nacional, creó el INVIR con el propósito de desarrollar proyectos de infraestructura vial en regiones, facilitando la contratación directa sin licitación pública. Sin embargo, la Corte determinó que estas disposiciones violaban el artículo 150, numeral 10 de la Constitución, al considerar que el presidente excedió las facultades extraordinarias conferidas por el Congreso a través de la Ley 2294 de 2023.

El alto tribunal subrayó que el mandatario no tenía la autoridad para modificar el régimen de contratación estatal, lo que compromete principios fundamentales como la transparencia, la igualdad y la selección objetiva en los procesos contractuales. En su fallo, la Corte destacó la importancia de respetar los límites constitucionales al delegar facultades extraordinarias al Ejecutivo.

Luis Guillermo Vélez, presidente de la Junta Directiva de la Fundación para el Estado de Derecho, celebró la decisión, afirmando que “este fallo refuerza el principio de transparencia en la contratación pública, asegurando un control adecuado sobre la asignación de recursos públicos”. Vélez agregó que, aunque es fundamental incluir a organizaciones sociales en el sistema de compras del Estado, esta inclusión debe hacerse sin menoscabar los estándares de legalidad y objetividad.

La decisión de la Corte implica que el INVIR deberá reestructurar sus procedimientos de contratación, adecuándose al régimen general de la administración pública y asegurando la transparencia y legalidad en la gestión de la infraestructura vial del país.