Ya son cuatro días continuos de protesta los que completan comunidades campesinas y serranas de la Sierra Nevada de Santa Marta, pertenecientes a la jurisdicción de Ciénaga, Magdalena. Los habitantes de San Pedro, San Javier, Palmor, Siberia y otras zonas rurales mantienen bloqueado el paso a la altura del puente amarillo de Río Frío, sobre la Troncal de Oriente, en reclamo por el abandono estatal y la falta de atención estructural a sus necesidades.

Las manifestaciones comenzaron el lunes 2 de junio a las 6:00 a.m. y, pese a haber establecido diálogo con autoridades locales y departamentales, los líderes comunitarios afirman que el paro continuará mientras no haya presencia del Gobierno nacional con funcionarios que tengan poder de decisión.

Ante la creciente afectación a la movilidad, el comercio, el transporte de carga y las dinámicas sociales del Magdalena y el Caribe, la Gobernación del departamento hizo un llamado urgente al Gobierno nacional.

A través de un comunicado oficial, solicitó que altos representantes del Ejecutivo se desplacen hasta el territorio para instalar una mesa de concertación con enfoque estructural y respuestas reales.

El gobernador Rafael Martínez encabezó la gestión mediante un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el que participó el viceministro del Diálogo Social, Gabriel Rondón, junto a otras entidades. Allí se reiteró que la situación que hoy reclaman las comunidades es resultado de una deuda histórica del Estado, en temas sensibles como salud, educación, vías terciarias, servicios públicos y presencia institucional.

El mandatario advirtió que las demandas de estas comunidades superan las capacidades presupuestales y competenciales de la Gobernación y los municipios, por lo cual es necesario que el Gobierno nacional asuma compromisos concretos.

Entre las solicitudes específicas elevadas por la Gobernación se incluye una revisión por parte del Ministerio de Salud al estudio de red hospitalaria para construir puestos de salud en las zonas rurales, así como la presencia del Alto Comisionado para la Paz, con el fin de abordar el impacto de actores armados ilegales y definir una postura oficial frente a esta problemática.

Finalmente, se destacó que desde la administración departamental se han formulado más de 50 proyectos a través de obras por impuestos, muchos de ellos destinados a mejorar la conectividad y la infraestructura con bancos de maquinaria amarilla permanentes. Sin embargo, sin voluntad nacional, las soluciones estructurales seguirán siendo postergadas.

Por ahora, las comunidades continúan firmes en su decisión de mantener el bloqueo, a la espera de respuestas reales del Gobierno nacional.