Durante una sesión ordinaria celebrada el pasado 7 de octubre, la Asamblea Departamental del Magdalena alzó su voz frente a la crítica situación que se vive en la vía Ciénaga–Barranquilla, afectada por bloqueos frecuentes, inseguridad y cobros ilegales. La corporación solicitó acciones inmediatas para garantizar la movilidad y seguridad en este importante corredor vial de la región Caribe.

Los diputados coincidieron en que los cierres constantes, especialmente en el sector de Tasajera, han paralizado el flujo vehicular y generado consecuencias económicas graves. La presidenta de la Asamblea advirtió que los retrasos en el ingreso de productos a Santa Marta están elevando el costo de vida para los ciudadanos.

Durante el debate, el diputado Amed Zawady Pupo responsabilizó al gobierno departamental por la falta de medidas concretas. “Es un problema estructural que pone en riesgo el desarrollo económico del Magdalena y de toda la región. La ciudadanía necesita respuestas ya”, afirmó.

La primera vicepresidenta, Marta García Rivera, alertó sobre el aumento de la delincuencia en la zona. Según su denuncia, los conductores enfrentan no solo atracos, sino también cobros ilegales en desvíos improvisados, donde se les exige dinero para permitirles continuar el trayecto. “Esto ya no es solo un bloqueo, es una odisea para quienes se ven obligados a transitar por allí”, agregó.

Los diputados hicieron un llamado conjunto a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para que actúen con urgencia. Insistieron en que se garantice la presencia institucional en el corredor y se implementen estrategias que devuelvan la seguridad, el orden y el tránsito normal en la vía.

Finalmente, la Asamblea Departamental del Magdalena reiteró su compromiso de ejercer control político permanente sobre esta problemática. Afirmaron que no cesarán en la vigilancia hasta que se adopten soluciones de fondo que restauren la conectividad y tranquilidad en uno de los ejes viales más estratégicos del Caribe colombiano.