La Corte Suprema de Justicia absolvió a los exgobernadores del Magdalena, Francisco José Infante y Omar Díazgranados, quienes fueron acusados por la Fiscalía General de la Nación de cometer irregularidades en relación con el contrato para la construcción de un puente sobre el río Tucurinca, firmado en 2006.
El contrato original fue gestionado por el entonces gobernador del Magdalena, Trino Luna Correa, con recursos aportados por el INCODER bajo el convenio 008 de 2006, con el objetivo de mejorar las condiciones para los agricultores de la región.
En el transcurso de la ejecución del contrato, este experimentó dos adiciones presupuestarias: una por un monto de $104.563.797, aprobada por Francisco Infante, quien asumió como gobernador encargado; y otra por $94.429.249 millones, autorizada por Omar Díazgranados, gobernador electo del Magdalena.
La Fiscalía los acusó de cometer el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, específicamente en relación con las mencionadas adiciones y la posterior liquidación del contrato, debido a que la obra no llegó a ser concluida.
Sin embargo, tras estudiar el caso, la Corte Suprema determinó que los exgobernadores no eran responsables de las irregularidades, ya que estas se originaron en la etapa precontractual, antes de la firma de los contratos adicionales. La Corte señaló que las fallas en la planificación, los estudios y el diseño del puente, que llevaron a la no finalización de la obra, ocurrieron antes de que Infante y Díazgranados asumieran el cargo.
De acuerdo con el fallo, las irregularidades no eran atribuibles a ellos, ya que los hechos generadores de la no terminación del puente derivaron de la «absoluta ausencia de planeación» en la fase precontractual, que estuvo bajo la administración de Luna Correa.
El alto tribunal concluyó que los exgobernadores no incurrieron en ninguna ilegalidad al aprobar las adiciones presupuestarias, por lo que los absolvió de los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
