El día de hoy la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, condenó a 15 años, ocho meses y seis días de cárcel al exgobernador del Magdalena, Francisco José Infante Vergara.

La Fiscalía acusó a Infante Vergara de ser parte de un entramado de corrupción que direccionó indebidamente y se apropió de los recursos de un contrato destinado a la toma de muestras para detectar el VIH.

Además de la condena de prisión, el exmandatario magdalenense fue también condenado al pago de 2.589 millones de pesos por concepto de daños y perjuicios, y una multa equivalente a 1.153 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Se ordenó su captura inmediata, pues la Corte Suprema especificó que la pena se hará efectiva dentro de un centro carcelario.

Es importante recordar que estos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros; se habrían cometido cuando Francisco Infante ejerció como gobernador encargado en 2007.

En ese momento celebró el contrato 372 de 2007, por 443 millones de pesos, que tenía por objeto la toma de muestras de sangre para detectar del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) a 4.000 habitantes de sectores vulnerables del departamento.

Inicialmente, se estableció que el exmandatario permitió que fuera celebrado el contrato con un Instituto Prestador de Salud (IPS) que no estaba inscrito ante el Ministerio de Salud, que además había presentado una oferta comercial por encima de los precios de mercado, no contaba con personería jurídica ni experiencia mínima, infraestructura y solvencia financiera.

En la fase de ejecución se ordenó el desembolso de un anticipo del 50% del valor del contrato. Este dinero fue consignado a una cuenta distinta a la registrada por el IPS.

Finalmente, el contrato fue liquidado y pagado en su totalidad.

Como sustento, se aportaron certificaciones que daban cuenta de la atención total de la población a beneficiar; sin embargo, de acuerdo a lo demostrado por la Fiscalía, 1.065 personas no fueron atendidas y de las 2.935 personas restantes se tomó una muestra aleatoria, la cual manifestó que nunca recibió el servicio.