Ante la crítica situación que vive el municipio de Zona Bananera, la Asamblea Departamental del Magdalena aprobó por unanimidad la realización de una audiencia pública el próximo 3 de julio en esta localidad del norte del departamento.

La iniciativa busca abrir un espacio de diálogo directo entre la comunidad, autoridades locales y entidades del Estado, con el fin de abordar las problemáticas más urgentes en materia de seguridad, salud y educación.

La presidenta de la Asamblea, Ángela Cedeño Ruiz, fue quien lideró la propuesta, destacando la urgencia de escuchar a los habitantes del municipio. “Es urgente escuchar a los ciudadanos y a sus autoridades locales, porque las necesidades son múltiples y requieren respuestas concretas. Esta audiencia pública permitirá conocer de cerca las demandas más sentidas y avanzar en soluciones articuladas”, afirmó durante la sesión plenaria.

La propuesta recibió el respaldo inmediato de otros diputados. Rosa Jiménez resaltó la importancia de convocar a todas las entidades con responsabilidad en la protección de derechos fundamentales, como el Ministerio Público y el ICBF. “Debemos incluir al Ministerio Público, al ICBF y demás instituciones que han sido convocadas desde el año pasado. El enfoque integral es esencial”, indicó.

Por su parte, el diputado Rafael Noya subrayó la gravedad de la situación en Zona Bananera. “Esta es una de las regiones más afectadas por la violencia y el abandono institucional. Hoy damos un paso importante para visibilizar y atender sus necesidades”, expresó.

A la audiencia han sido convocados representantes de las Secretarías de la Gobernación del Magdalena, la Fuerza Pública, alcaldes de la subregión norte, consejos municipales, personerías, la Defensoría del Pueblo, el ICBF, la Contraloría Departamental, la Universidad del Magdalena, rectores de instituciones educativas y líderes comunitarios.

Con esta convocatoria, la Asamblea del Magdalena reafirma su compromiso con el control político territorial y la defensa de los derechos de las comunidades más vulnerables del departamento, apostando por un ejercicio participativo que promueva soluciones reales y concertadas.