En un contexto de creciente incertidumbre energética, Air-e, la empresa encargada de la distribución de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, ha emitido un comunicado alarmante que detalla la delicada situación financiera de la compañía y su necesidad urgente de intervención gubernamental.

El comunicado de Air-e destaca que, a pesar de los esfuerzos por ofrecer energía de calidad a precios justos, la empresa enfrenta serios desafíos debido a los elevados costos de generación y la volatilidad de la bolsa de energía. Estas dificultades han puesto una enorme presión sobre la estabilidad financiera de las empresas comercializadoras y distribuidoras de energía, como lo ha evidenciado la reciente crisis en el sector.

En respuesta a la crisis, Air-e ha intensificado sus conversaciones con el Gobierno del presidente Gustavo Petro para encontrar soluciones que garanticen la continuidad del servicio. La empresa ha advertido que, en la actualidad, solo tiene suficiente capacidad para suministrar energía durante los próximos cinco días, lo que pone en grave riesgo a los tres departamentos que cubre.

El lunes 9 de septiembre, el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, y el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, sostuvieron una reunión clave en la que se discutió la posibilidad de intervención del Gobierno en Air-e. Esta medida se considera como una posible solución a la crisis energética que afecta a la costa Caribe.

Air-e acumula deudas por cerca de 1.8 billones de pesos, correspondientes a la energía no cobrada, subsidios para estratos bajos y opciones tarifarias.

La Contraloría General de la República ha elevado una alerta sobre el alto riesgo de un apagón generalizado en el país. Según el organismo de control, aproximadamente 10 millones de personas en diversas regiones podrían quedarse sin servicio eléctrico debido a un retraso en el pago de subsidios por parte del Ministerio de Minas. La Contraloría también ha instado a las superintendencias de Servicios Públicos e Industria y Comercio a actuar con rapidez para evitar una crisis aún mayor, calificando la situación de “especial gravedad”.