Aplazada audiencia de pérdida de investidura contra la diputada del Magdalena María Charris Pizarro

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El Tribunal Administrativo del Magdalena aplazó la audiencia pública de pérdida de investidura contra la diputada del Magdalena María del Socorro Charris Pizarro, que estaba programada para el miércoles 14 de agosto de 2025. La decisión fue tomada luego de una solicitud presentada por su abogado defensor, Miguel de Jesús Prada Jiménez, quien actualmente se encuentra con incapacidad médica tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica.

Según lo consignado en el auto judicial, el apoderado argumentó que no podía asistir a la diligencia ni garantizar su reemplazo ante la cercanía de la fecha. Como soporte de la solicitud, anexó el certificado de incapacidad correspondiente. En atención al derecho al debido proceso, el despacho —bajo la ponencia de la magistrada María Victoria Quiñones Triana— reprogramó la audiencia para el martes 19 de agosto de 2025 a las 2:30 p. m.

La diligencia se realizará de manera presencial en las instalaciones del Palacio de Justicia. Sin embargo, el Tribunal estableció que los intervinientes que no puedan asistir físicamente podrán conectarse de forma virtual, siempre que certifiquen contar con los medios tecnológicos adecuados para garantizar una participación efectiva.

El proceso se origina a partir de una demanda de pérdida de investidura interpuesta en julio por Dalton Sarmiento Espíndola, quien señala a la diputada Charris Pizarro por presunto incumplimiento doloso de sus deberes como servidora pública. El demandante alega que la diputada habría rendido una declaración falsa bajo juramento ante el Consejo de Estado en el contexto del proceso de nulidad electoral por doble militancia contra el exgobernador Rafael Martínez.

El Tribunal también recordó a las partes la obligación de cumplir con lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA24-12185 del 27 de mayo de 2024, que establece el protocolo para las audiencias judiciales en la Rama Judicial. Asimismo, reiteró que todos los memoriales y documentos deben ser radicados a través de la plataforma de información judicial SAMAI.

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