En una jornada considerada histórica, el Congreso de la República aprobó de forma definitiva la nueva reforma laboral, que ahora pasará a sanción presidencial.
Con este paso, Colombia moderniza su legislación laboral, vigente en gran parte desde mediados del siglo pasado, al adoptar un nuevo marco que busca garantizar derechos, fomentar la formalidad y adecuarse a los cambios del mundo del trabajo.
El texto conciliado del proyecto fue aprobado por amplias mayorías en ambas cámaras: en la Cámara de Representantes se registraron 126 votos a favor y solo 2 en contra, mientras que en el Senado 59 congresistas respaldaron la iniciativa frente a 16 que votaron en contra. La versión final incluye los 70 artículos avalados previamente por el Senado, considerados como los más favorables para los trabajadores.
Entre los puntos clave de la nueva ley se destacan la protección de derechos laborales, la recuperación de garantías perdidas en reformas anteriores, como las relacionadas con la jornada nocturna y la contratación de aprendices, así como el reconocimiento de nuevas modalidades como el teletrabajo, el trabajo en casa y las jornadas flexibles.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, resaltó que esta reforma no solo fortalece los derechos laborales, sino que también responde a compromisos internacionales adquiridos por Colombia, incluyendo los asumidos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A su juicio, la ley permitirá una mayor consolidación del aparato productivo nacional.
Sin embargo, la reforma no estuvo exenta de críticas. El senador Ciro Ramírez, del partido Centro Democrático, reiteró su rechazo al proyecto, señalando que podría tener efectos negativos en el empleo juvenil y las microempresas. Advirtió que, según análisis del Banco de la República, la iniciativa podría destruir empleos en lugar de generarlos y aumentar la informalidad laboral.
Con la aprobación legislativa completada, el proyecto está ahora en manos del presidente Gustavo Petro, quien deberá sancionarlo para convertirlo oficialmente en ley. De hacerlo, Colombia daría un paso trascendental hacia la actualización de su estructura laboral y la adaptación a los retos del siglo XXI.
